Los 85 luchadores de PetroPerú aun esperan Justicia

“! QUE PARADÓJICO! EN 1995 PETRÓLEOS DEL PERÚ LO PREMIA COMO EL MEJOR TRABAJADOR DEL AÑO, Y MES Y MEDIO DESPUÉS LO DESPIDE JUNTO A OTROS 84 TRABAJADORES POR NEGARSE A RENUNCIAR CON INCENTIVOS EN UN PROGRAMA DE PRIVATIZACIONES IMPLEMENTADO POR EL FUJIMORISMO. ALLÍ SE INVOLUCRÓ A EX DIRIGENTES Y TRABAJADORES QUE DABAN DURA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS Y PETROPERÚ. FUE DESPUÉS DE UNA HUELGA QUE DECRETÓ EL SINDICATO ÚNICO DE PETROPERÚ- TALARA”.

Extraído del discurso de despedida a Felito Vitonera Saldarriaga , realizado por Gerber Acedo 

Por: Jorge Manco Zaconetti

El Presidente de la República debe tener conocimiento de esta dramática violación de los derechos humanos cometida contra 85 trabajadores de trabajadores de PetroPerú, despedidos injustamente e ilegalmente durante la dictadura fujimontesinista en 1996, cuando se privatizaban las empresas públicas y recursos naturales a precios de remate.

En esa lucha por la defensa del patrimonio nacional estos trabajadores acataron una huelga general indefinida en la defensa de la Refinería de Talara que hoy se pretende modernizar. En esas batallas le cupo un lugar destacado a Felito Vitonera Saldarriaga una víctima más de la desidia, inopia y desinterés de la más alta administración de PetroPerú, que tiene en los ministros de Energía y Minas más el de Economía y Finanzas la máxima responsabilidad, al igual que su directorio.

Por ello me permito reproducir el discurso de despedida realizado por el amigo Gerber Acedo también ex dirigente despedido de PetroPerú desde 1996, que totalizaron los 85 trabajadores, los mismos que se negaron a cobrar incentivos y los beneficios de ley que la empresa otorgaba, cumpliendo con el mandato del gobierno de ese entonces. Es decir, estos trabajadores no cobraron un céntimo y la llama de sus luchas permitió alimentar la defensa de PetroPerú en el pretendido Referéndum de 1995, y en los diversos frentes de defensa del patrimonio nacional, y el “Frente Cívico por la Democracia”.

Como bien se señala desde el 2001 restituida la democracia en el Perú, se han repuesto y desagraviado a embajadores despedidos en la dictadura, profesores universitarios, militares patriotas, magistrados y miles de trabajadores de la administración pública en una serie de listas que procesaron las centrales de trabajadores (CGTP, CTP y CUT), con los gobiernos de turno entre el 2001 y 2010.

Sin embargo, estos 85 trabajadores despedidos, dignos y patriotas conscientes del abuso ejercido contra ellos, demandaron al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos habiendo alcanzado un Informe de Admisibilidad Nº 11602 que reconoce la justicia de la causa y recomienda al Estado una solución amistosa por la fragante y demostrada violación de los derechos laborales y humanos.
Señor Presidente, en la campaña del 2006 y en la reciente del 2011, la defensa de PetroPerú y su modernización ha constituido un eje central en el programa del sector de hidrocarburos y en la economía nacional. En tal sentido, no puede haber fortalecimiento de la primera empresa del país si es que no se saldan las deudas con todos aquellos que han hecho posible la sobrevivencia de PetroPerú, y en particular de la refinería de Talara que produce los combustibles con los más altos estándares de calidad, satisfaciendo el 47% del mercado nacional de los derivados del petróleo.

Si no fuera por la lucha y defensa del patrimonio nacional asumido por los trabajadores en especial de estos 85 despedidos, de los cuales 10 ya han fallecido, la Refinería de Talara estaría en la misma condición que la Refinería La Pampilla, es decir en manos de transnacionales que privilegian la rentabilidad privada, sin tener la necesidad ni obligación de abastecer el íntegro del mercado nacional de combustibles.

Señor Presidente, resulta un contrasentido pretender invertir más de 3,450 millones de dólares en la modernización y fortalecimiento de la refinería más importante del país, sin antes resolver la deuda social, económica y moral que tiene el Estado con los 85 trabajadores despedidos de PetroPerú en 1996, pues el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el Perú es suscriptor, es imperativo e inapelable.

Su gobierno se reconciliaría con el mundo de trabajo, con “los abajo” que Usted tantas veces menciona como prioridad en su mandato. Por ello un homenaje público, de desagravio y reconocimiento a los 85 trabajadores despedidos y sus familias tendría un efecto político de la primera importancia, por la justicia que repara deudas que los gobiernos anteriores no pudieron ni aspiraron resolver a pesar de la palabra empeñada.

Señor Presidente, la reparación moral y justa con todos aquellos que han defendido el patrimonio nacional, equivale como soldado que Usted es a la defensa de la Patria. Por ello, bastaría una orden suya para que los ministros de Energía y Minas más el Ministro de Economía y Finanzas, como accionistas y “dueños” de PetroPerú autoricen al Directorio al reconocimiento y solución de la deuda moral y social que tiene el país con los 85 despedidos de PetroPerú, de los cuales diez ya han fallecido. Éstos podrán decir que “la justicia tarda pero llega” y esta sabia decisión borrará de la memoria colectiva los escándalos de algunos ministros del sector.

Delia Arévalo Guerra, María Elba Marchán Avila, César Antón Olaya, Víctor Manuel Garay Espinoza, Luciano Sandoval Villaseca, Julio Serraqué Azáldegui, Javier A. Espinoza Vargas, Juvenal Paz Arévalo, Cruz Alberto More Bayona, Leonarda Montero Silupú, Helber R. Romero Rivera, María Sancarranco Barrientos, María Esther Medina Crisanto, Neptalí Aguirre Maldonado, Manuel Antonio Calle Atoche, Carlos Alberto Zapata Olaya, Carlos Alberto Galán Castillo, Guadalupe Risco Martínez, Gerber Acedo Martínez, Lilia Flores Herrera, Norberto Vilela Jiménez, Agustín Acedo Martínez, Nyrliam García Viera de Castillo, Oholger Wiston Benites Zárate, Wilson Seminario Agurto, Ricardo Vílchez Valverde, Carlos E. Oliva Borja, María Anita Zavala Sosa, Luís Mogollón Granda, Jorge Martínez Amaya, Juan Benítez Gómez, Antonio Esparza Huamán, Maritza Amaya Coveñas, Manuel Jesús Paiva Pacherres, Irma Morales López, Wilmer Gil Rosales, Julio Chiroque Silva, Rosa Castillo Marcelo, Agustina Mendoza Morales, José Juan Obando Reto, Luís Arturo Vallejo Agurto, Ana María Rojas Flores, Fredesvinda Sócola Clavijo, Elmer Arrazabal Gallo, Raúl Clavijo Domínguez, Leither Quevedo, Eduardo Emiliano Chavarri Vélez, Pedro Chumpitaz Sócola, Luís Oswaldo Duque Morán, Segundo Barrientos Olivos, Pedro Talledo Carrasco, Juan Echandía Ochoa, Manuel Mechado Sernaque, Eduardo Panta Valladares, Federico Antón Antón, José Torres Namuche, Luís Abad Saldarriaga, Gregorio Albuquerque Carrillo, William Jacinto Aleman Benitez, Sebastián Amaya Fiestas, Jorge Cabanillas Dedios, Santos Calderón Ávila, Luís Carrasco Lozada, Alberto Chira Guerrero, Mario Duque Mogollón, Jaime Garcés Sandoval, Pedro Carlos Garcés Solís, Gonzalo Ginocchio Guerrero, Pedro Infante Antón, José William Jacinto Zavala, Pedro López Antón, Abraham Montero Ramírez, Emilio Augusto Morales Silva, Miguel Hugo Morán García, Gregorio Jaime Noriega González, Ricardo Quevedo Herrera, Edwin Quevedo Saavedra, José Félix Saavedra Medina, Catalino Sandoval Ancajima, Dionisio Sandoval Flores, Joaquín Santillán Zavala, Luís Tavara Ramírez, Jorge Carlos Tinedo Puell, Oscar Valiente Paico, y Felito Vitonera Saldarriaga.

Fuente:

http://kuraka.blogspot.com

INFORME No. 56/08 CASO 11.602  ADMISIBILIDAD TRABAJADORES DESPEDIDOS DE PETRÓLEOS DEL PERÚ (PETROPERÚ)  ZONA NOROESTE - TALARA - PERÚ