Historia de un (reciente) ridículo en San José

Por Ronald Gamarra Herrera

Tras la expedición de la nefasta sentencia de la sala Villa Stein recaída en el caso Barrios Altos y a petición de los abogados de las víctimas, la Corte Inter americana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia pública de supervisión del cumplimiento de las sentencias que sobre la matanza múltiple expidió en el 2001, con la finalidad de recibir del Estado información actual y precisa sobre el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas que se encuentran pendientes de acatamiento, y recibir las observaciones de los representantes de las víctimas y la opinión de la Comisión Interamericana.Una semana antes de la fecha de audiencia (27 de agosto), los abogados de las víctimas (IDL, Aprodeh, Fedepaz y Coordinadora Nacional de DDHH, con elasesoramiento del CEJIL, con sede en Washington) ya se habían puesto de acuerdo en la estrategia a seguir, en el discurso a presentar y en el orden de intervención. En elotro lado, la postura no estaba del todo decidida, pues si bien el Procurador Público Supranacional, adscrito al Sector Justicia, había elaborado la línea central de la intervención de Estado peruano, no había adelantado coordinaciones con el Procurador Público del Poder Judicial, quien por ley debía “coadyuvar” en la defensa jurídica.Ante tal des coordinación, el presidente del Poder Judicial se comunicó directamentecon la ministra de Justicia, habló con ella, quedaron en una reunión pero ésta no se concretó. Ante la insistencia del Dr. San Martín, el viceministro Figallo y el ProcuradorCubas se reunieron con él y su equipo. El acuerdo fue que la representación del Estado no iba a cuestionar la sentencia Villa Stein y se limitaría a señalar que “la situación jurídica generada en sede interna… no está cerrada”. Entonces, San Martín redactó el documento “Posición institucional del Poder Judicial” sobre el caso Barrios Altos en el que –además de sostener que la sentencia Villa Stein no colisionaba con el mandato de la CIDH del 2001 ni con su jurisprudencia- señalaba que el tema se estaba discutiendo todavía en el plano interno, que estaba abierto y siguiendo los procedimientos que contempla nuestro orden interno. Todos en la Corte Suprema estuvieron de acuerdo.Cuando Edda Rivas recibe el documento, que San Martín ya le había adelantado en laprimera y única conversación telefónica que sostuvieron sobre la presentación en la CIDH, abandona rápidamente la tesis inicial que el Estado pensaba exponer en San José, acepta la propuesta allí contenida y ordena su envío a la CIDH como parte de la postura peruana.Los Procuradores Cubas y Vitery son instruidos en la posición que llevaría el Estado peruano y que ellos tendrían que sustentar. Vitery, cual estudiante, debeaprehenderse los escasos párrafos de su guión, y no lo dejan marchar hasta asegurarse que los términos de la lección efectivamente han sido entendidos. Claro que Vitery tenía otros planes y otras lealtades. Terminada la escuelita, Vitery corre al despacho de su mentor, un juez supremo que cuando era presidente del Poder Judicial lo llamó“aliado indispensable”. Al parecer, allí recibió una lección distinta y un nuevo texto a recitar.

Ya en San José, el Estado peruano consuma el ridículo. Para vergüenza nuestra, larepresentación del Estado hace Historia en el sistema interamericano al presentar dosdiscursos opuestos como posición oficial. El que fue acordado entre el ministerio de Justicia y el Poder Judicial: el tema sigue abierto a nivel interno; y el de Villa Stein…perdón, el del procurador Vitery, según el cual el Estado ya cumplió con el mandato dela CIDH y por lo tanto debía dar por terminada la su pervisión de cumplimiento de sussentencias del 2001 en ese extremo.La CIDH paró en seco a la representación peruana. La primera pregunta de losmagistrados obligó al Procurador Cubas a declarar que él era la voz del Estado,desautorizar a Vitery y –más allá del acuerdo logrado en Lima- cuestionar públicamente la sentencia Villa Stein. Vitery balbuceó algunas palabras pero fue inmediatamente conminado a callar. Finalizada la audiencia, Cubas y Vitery seenfrascaron en una discusión interminable en los jardines de la Corte (ya antes del inicio de la sesión, en una sala contigua, Cubas había intentado sin éxito contener aVitery). El viceministro de Derechos Humanos, Henry Ávila, –quien no abrió la boca durante la sesión- solo atinaba a observarlos, callado como antes.En el caso Barrios Altos, Vitery, su supremo mentor, Cubas y Ávila han comprometidola responsabilidad internacional del Estado peruano adquirida tras la adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos y el reconocimiento de la competencia de la CIDH, y nos han hecho pasar un triste papelón. En Lima, solo San Martín ha reaccionado. La ministra de Justicia hace mutis. Vitery está desatado (y desaforado).Desde la sombra, el supremo se frota las manos.

Por Ronald Gamarra Herrera